martes, 13 de febrero de 2007

Derecho a techo


El ladrillo podría servir hoy en día muy bien como metáfora de un país, el nuestro, que se construye con un material lleno de agujeros que son aquellos que no tienen garantizado el derecho a techo. Y no hablo de las miles de personas sin hogar, los homless, que ocupan la última escala de la exclusión social. La desprotección legal ha alcanzado de pleno a la gran mayoría de los y las jóvenes españoles (y no sólo a ellos) el día que se levantan en casa de sus padres con la sana intención de emanciparse y buscar un piso en el que vivir.

En Francia, y como consecuencia de la presión ejercida por un potente e imaginativo movimiento popular que ocupó las calles durante un mes, el Gobierno se ha comprometido a presentar ante el Parlamento una ley que permita a cualquier ciudadano o ciudadana a reclamar ante los tribunales al Estado que le garantice su derecho a disponer de una vivienda digna. Aquí, en España, las calles también han sido escenario de las protestas de miles de jóvenes que de un modo espontáneo han convertido la reivindicación del respeto al derecho a la vivienda en un grito que ha retumbado y va a seguir haciéndolo en la mayoría de las ciudades del país.

En medio de este clamor que exige justicia, los beneficios de los que alardean bancos (beneficiarios de las hipotecas), promotoras de suelo, y empresas constructoras son un insulto a la dignidad de la mayoría. Cada día llueven nuevos casos de corrupción urbanística en cientos de municipios de todo el país, pero se sigue defendiendo desde los púlpitos neoliberales que el motor de la economía es el auge del ladrillo y que, en el momento en que se frene a este tren inmoral, el país caerá en un hoyo profundo de crisis.

¿Hasta cuándo vamos a seguir tragándonos estas falacias? Ya es hora de que se rompan las cadenas de una argucia inventada para tener a la gente aplastada bajo cadenas cuasi perpetuas de hipotecas a 30 o 40 años vista. Nos dicen que hay que seguir soportando empleos precarios para saldar las cuentas pendientes con los bancos. ¿Es que no vamos a ser capaces de gritar que ya está bien? Las administraciones públicas, desde la modificación de leyes de suelo que favorecen a los promotores, deben tomar cartas en el asunto. Además, hay que exigirles que abandonen los discursos demagógicos y que pasen, de una vez y por todas, a poner toda carne en el asador de la promoción de la vivienda pública.

4 comentarios:

El Presi dijo...

Manifestación estatal por el derecho a la vivienda digna el 24 de Marzo a las 17:00

Más información en:
http://bcn.vdevivienda.net

RGAlmazán dijo...

Un artículo que resume muy bien el que es, a mi modo de ver, el problema principal de este país. Y el Ministerio de la Vivienda jugando al parchís, ¿No sería mejor que lo cerraran? Por lo menos nos ahorraríamos una pasta que ahora no sabemos donde va.

Salud y República

Nando Rico dijo...

El hecho de no poder acceder a una vivienda digna a causa de la precariedad que sufrimos en el trabajo -si no te colocas bien en una buena empresa despídete de vivienda digna, etc...- es un problema, y grave. Pero discrepo con RGAlmazan en que es el problema más gordo de este país.

Para mí, el escollo más inmenso en medio de nuestro camino es, sin lugar a dudas, el cambio climático. De qué nos sirve intentar pagar una casa si dentro de unas décadas no podremos vivir. La verdad es que da que pensar.

Un saludo.

Unknown dijo...

Desde luego el problema de la vivienda, tan vinculado al del mileurismo y la desvalorización del trabajo, es uno de los principales problemas de España hoy en día, si no el más importante, desde luego un problema mucho más trascendente que el demente debate sobre el terrorismo que ahora monopoliza los medios de comunicación sirviendo como un eficaz anestésico social.

Pero quiero hacer una matización. Cuando exigimos medidas en materia de vivienda solemos olvidar que las principales competencias en vivienda las tienen las comunidades autónomas. Solemos entender que es el gobierno central quien nos tiene que resolver los problemas, que es el gobierno central a quien tenemos que pedir cuentas, y por un residuo de mentalidad centralista nos olvidamos que nuestros gobiernos autonómicos también tienen obligaciones con nosotros que les debemos exigir. Una de esas obligaciones del gobierno autonómico es la política de vivienda.

No dejemos que los gobiernos autonómicos se hagan los locos eludiendo sus responsabilidades. Exijámosles que hagan lo que deben.